Índice de servicios sociales sitúa a Aragón en posición intermedia-baja y desata críticas políticas por recortes y pérdida de horas de atención domiciliaria

El último Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales sitúa a Aragón en la octava posición entre las comunidades autónomas, con una puntuación de 5,28 sobre 10 y una calificación global de nivel medio-bajo. Esta cifra supone un descenso respecto a la edición anterior, cuando la región obtuvo 5,68 puntos. Según las formaciones que han reaccionado al informe, el “aprobado raspado” que mantiene Aragón se debe, en gran medida, a la herencia de legislaturas previas, y la tendencia de la puntuación lleva tres años a la baja.

Los partidos han centrado sus críticas en diversos aspectos del sistema público de atención social, con especial atención al estado de la ayuda a domicilio. La intensidad media de la prestación en Aragón es de 11,2 horas mensuales por persona, menos de la mitad de la media estatal, situada en 23,8 horas mensuales. Esa diferencia plantea preocupaciones sobre la cobertura y la calidad de la atención que reciben las personas dependientes en la comunidad.

Reclamación de comisión de estudio por parte del PSOE

El grupo socialista en las Cortes de Aragón ha solicitado la creación de una Comisión Especial de Estudio para abordar la mejora del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y las políticas de discapacidad en la comunidad. La diputada de Bienestar Social del PSOE, Mónica Iglesias, ha señalado que el gobierno regional no puede “seguir mirando hacia otro lado” mientras Aragón pierde posiciones en servicios sociales.

Iglesias ha puesto también el foco en la evolución del gasto público, recordando que la comunidad destinó, según el documento, 498,3 euros por habitante a servicios sociales, frente a una media estatal de 575,1 euros, y redujo en alrededor de 11 euros el gasto por habitante respecto al ejercicio anterior. La socialista ha subrayado que la comisión no debe limitarse a un nuevo diagnóstico: “Queremos poner encima de la mesa los problemas, escuchar a las personas usuarias, a las familias, a los profesionales, a las entidades sociales y a las administraciones y establecer una hoja de ruta con objetivos que puedan medirse”, ha afirmado, reclamando medidas concretas y seguimiento.

Movilizaciones de trabajadoras de ayuda a domicilio

En paralelo a las demandas políticas, las trabajadoras de ayuda a domicilio en Aragón se han movilizado denunciando “pérdida de horas y salario”. Las protestas reflejan el malestar por recortes en la intensidad de las prestaciones y por la presión laboral derivada del menor tiempo asignado a cada usuaria o usuario, lo que complicaría la atención digna y la conciliación laboral.

Advertencias de Chunta Aragonesista sobre prioridades y riesgo para el medio rural

Chunta Aragonesista (CHA) ha denunciado que la caída de la inversión por habitante y la falta de profesionales han generado más listas de espera, una mayor sobrecarga para quienes prestan servicios sociales y crecientes dificultades para garantizar una atención adecuada en todo el territorio aragonés. La secretaria general de CHA, Verónica Villagrasa, ha pedido un cambio de enfoque en la visión sobre la dependencia: la atención debería priorizar la voluntad de cada persona y disponer de los recursos necesarios para que cada cual pueda desarrollar su proyecto de vida con la mayor autonomía posible, independientemente de la opción elegida.

CHA ha advertido además de los riesgos de incentivar de manera prioritaria las soluciones residenciales, especialmente en el medio rural, donde la dispersión geográfica y la falta de alternativas pueden convertir la residencia en la única opción real para muchas familias. El partido ha alertado también de retrocesos detectados en la tramitación de la Renta Mínima de Inserción y en los procedimientos de acogimiento familiar de menores, cuestiones que, según su diagnóstico, agravan la vulnerabilidad de ciertos colectivos y aumentan la desigualdad territorial en el acceso a servicios sociales.

Situación y peticiones

Los reproches cruzados sitúan la atención sobre la necesidad de más recursos, mejor planificación y medidas concretas para revertir la pérdida de horas de atención domiciliaria, frenar la caída del gasto por habitante y atender las particularidades del medio rural. Los pedidos incluyen la apertura de espacios de diálogo institucional —como la comisión solicitada por el PSOE—, la participación de usuarias, familias, profesionales y entidades sociales, y la adopción de metas medibles para corregir los déficits detectados en el informe.

Las movilizaciones de las trabajadoras y las advertencias de los partidos ponen en evidencia la tensión entre la capacidad actual del sistema y las necesidades reales de la población dependiente en Aragón.